05/06/2020
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Sindicatos de la CCT rechazan proyecto de Reforma Estatal

By on 21/05/2020 0 58 Views

En un documento difundido hoy, sindicatos nucleados en la Confederación de Clase Trabajadora (CCT) desarrollan “Las siete razones para decir NO a la Reforma Estatal”. La declaración coincide con las expresiones del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien estimó que para la finales de la próxima semana el Poder Ejecutivo ya podría enviar al Congreso Nacional el primero de los proyectos de leyes previstos dentro del proceso de reforma del Estado, que apunta a mejorar la calidad del gasto y del servicio públicos.

La CCT afirma que que “desde el inicio hemos rechazado categóricamente el plan del gobierno con relación a la Reforma Estatal en curso. Aquí desarrollamos siete de las razones por las que consideramos desfavorable y perjudicial para el pueblo este proyecto”.

En PRIMER lugar, a raíz de las restricciones propias de la pandemia, no existe ninguna posibilidad de una discusión amplia con los diversos sectores de la clase trabajadora y en consecuencia el proyecto se lleva adelante a espaldas del pueblo. El órgano para llevar adelante la discusión de este proyecto debería ser una Asamblea Constituyente ya que son los intereses del pueblo los que serán afectados.

En SEGUNDO lugar, el contenido del proyecto va en contra de los intereses de la clase trabajadora. El gobierno en medio de la crisis nos plantea achicar aún más el Estado precario e ineficiente que tenemos y bajo la excusa de optimizar el gasto público, reducir los altos salarios, atacando el conjunto de los derechos de los trabajadores del sector público sin distinciones.

Esta crisis que atravesamos desnuda justamente que es necesario una mayor presencia estatal en distintos aspectos que exceden a la salud, para lo cual se necesitan mayor calidad y cantidad de trabajadores a los efectos de cubrir las múltiples demandas que existe en materia de políticas públicas.

Los privilegiados del sector estatal son producto de la prebenda y el clientelismo político como parte del modus operandi histórico de los sucesivos gobiernos de este país. Sin embargo, ante la opinión pública, los voceros del gobierno igualan los privilegios de una minoría estatal parasitaria con las conquistas históricas de mejores condiciones laborales obtenidas mediante luchas de los trabajadores.

En TERCER lugar, la reforma del servicio civil tiene como orientación romper los contratos colectivos en el sector público -sin distinciones- desconociendo así los convenios colectivos que posibilitan mejores condiciones laborales y que buscan dignificar la vida de los trabajadores.

El atropello a los derechos adquiridos y a las garantías sindicales es la llave que abre la posibilidad de profundizar la reforma laboral y dejar aún más escuálidos a las y los trabajadores del sector privado en cuanto a derechos mínimos que a éste, en contadas excepciones, les son respetados.

Al respecto denunciamos el doble discurso del gobierno quien, a través Vicepresidente de la República, hace una semana, aseguraba a las centrales obreras que ningún proyecto sería elevado al Congreso sin antes discutir con los trabajadores. Sin embargo pisoteando sus palabras ha presentado ya al parlamento un proyecto de la nueva ley del Servicio Civil.

En CUARTO lugar, la epidemia del Covid sólo puso más en evidencia lo que siempre hemos denunciado, la precariedad de la salud pública, así como de otros ámbitos que hacen a las políticas públicas.

La reforma en materia de salud es presentada en el marco de una concepción correcta, “la centralización del sistema de salud en la búsqueda de un sistema único” sin embargo no existe discusión ni debate acerca de las implicancias estructurales que ésta tendría para los sistemas existentes actualmente. Jamás han informado y mucho menos consultado con los trabajadores.

El gobierno plantea que el sistema de la previsional (IPS) se fusione al sistema de salud público para que éste absorba las mejores condiciones en términos generales de la previsional, el cual tampoco es eficiente debido a diversos factores, entre ellos la corrupción.

El servicio de salud del IPS se contempla a partir de los aportes de los trabajadores y el del sistema de salud pública a partir de los recursos del presupuesto general de gastos de la nación. Esta peligrosa fusión pondría al acecho la tercerización de los servicios a ser solventados con ambos presupuestos y llenarse así los bolsillos los empresarios y los principales funcionarios estatales como hasta ahora lo vienen haciendo con las sobrefacturaciones a través de licitaciones amañadas y otros negociados.

Compatibilizar ambos sistemas para centralizar el sistema de salud implica, entre otras cosas, que: El Estado pague efectivamente su deuda multimillonaria para con el IPS; que se obligue a pagar a las patronales morosas la deuda que tienen para con la previsional so pena de expropiación y sanción penal por apropiación a los empleadores; que se amplíe la representación obrera en el Consejo a partir de elecciones democráticas de los trabajadores para elegir a sus representantes y tener un control del destino de los aportes; que se formalice el empleo en el país al tiempo de mejorar el porcentaje del gastos del presupuesto en salud (hoy es apenas el 3% del PIB cuando el mínimo debe ser el 6%) para sostener así un sistema diferenciado, pero sin desequilibrios financieros y de calidad del servicio.

Así como se presenta el proyecto hoy lo que se busca es mitigar el deficitario servicio de salud pública a costa de la previsional para hacer ambos aún más precario de lo que hoy significan, pero sobre todo tercerizar los servicios a partir de grandes negociados.

En QUINTO lugar, atado a la fusión entre el IPS y el MSPBS, se viene la implementación de la frustrada Ley de Superintendencia que busca eliminar el sistema de reparto solidario y plantear la capitalización individual a través de las AFP, modelo que ha fracasado estrepitosamente en Chile y es uno de los motivos de las revueltas sociales del pueblo chileno.

En el fondo, lo que buscan es utilizar el dinero de los trabajadores, los jubilados y pensionados para los grandes negociados como el conocido préstamo millonario a la multinacional Tigo bajo un interés absurdamente bajo o las licitaciones fraudulentas en materia de servicios de seguridad y limpieza, mientras los trabajadores de esos sectores se debaten en la miseria y el irrespeto a todos sus derechos.

En SEXTO lugar, la Reforma estatal no contempla absolutamente nada en cuanto a la reforma impositiva absolutamente inequitativa del país, donde existen verdaderos paraísos fiscales para sojeros, ganaderos, banqueros, grandes industriales, en fin para las grandes fortunas de este país logradas a partir de la explotación de los trabajadores.

En SÉPTIMO lugar, la reforma estatal no hace alusión alguna al otro gran pilar de la producción del país, la energía eléctrica. El proyecto no toma en consideración cuál será la política energética de las binacionales en torno a las condiciones de su comercialización, la proyección de inversiones en cuanto a infraestructura para vigorizar el desarrollo industrial del país, el fortalecimiento de la ANDE para mejorar la transmisión y distribución de la energía y el mejoramiento del precio de la tarifa para la población, entre otras.

Por el contrario, existe un plan que por un lado busca re endeudar al país a través de un nuevo préstamo de Itaipú para solventar los costos de la crisis actual lo que significa nuevamente el sometimiento de la soberanía energética y condicionar la renegociación del Anexo C en el 2023. Por otra parte, al plantear el achicamiento estatal deja abierta la posibilidad de la privatización de un sector estratégico como el eléctrico, intención manifiesta del gobierno.

Por último, señalan que “este proyecto de Reforma Estatal no sólo tiene en mira el cercenamiento de los derechos del sector público, sino también avanzar en pauperizar aún más los pocos derechos que se gozan en el sector privado, al tiempo que busca avanzar con los proyectos neoliberales para concebir un Estado mínimo al servicio de potenciar sus negociados e intereses“.

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